Con un global de 300 millones de €, que se ejecutarán en los años 2022, 2023 y 2024.
El principal objetivo es mejorar las competencias de las personas trabajadoras ocupadas: impulsar el empleo y la promoción profesional.
Se les dará prioridad a las personas trabajadoras ocupadas pero también se podrán beneficiar las personas desempleadas, siempre que no superen el 30% del total de participantes.
En este sentido, tendrán prioridad en el acceso a la formación:
– las personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE),
-las personas trabajadoras afectadas por la activación del Mecanismo RED,
-las personas menores de 30 años,
– las mujeres,
– las personas mayores de 45 años,
-las personas con discapacidad,
-las personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación,
– las personas trabajadoras desempleadas de larga duración,
-las personas trabajadoras de pymes,
-las personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial y
– las personas trabajadoras con contrato de duración determinada.
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