Con un global de  300 millones de €, que se ejecutarán en los años 2022, 2023 y 2024.

El principal objetivo es mejorar las competencias de las personas trabajadoras ocupadas: impulsar el empleo y la promoción profesional.

Se les dará prioridad a las personas trabajadoras ocupadas pero también se podrán beneficiar las personas desempleadas, siempre que no superen el 30% del total de participantes.

En este sentido, tendrán prioridad en el acceso a la formación:

– las personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 

-las personas trabajadoras afectadas por la activación del Mecanismo RED, 

-las personas menores de 30 años,

– las mujeres, 

– las personas mayores de 45 años, 

-las personas con discapacidad, 

-las personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación,

– las personas trabajadoras desempleadas de larga duración, 

-las personas trabajadoras de pymes, 

-las personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial y 

– las personas trabajadoras con contrato de duración determinada.

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