Las acciones formativas se financiarán con créditos que se harán efectivos a través de bonificaciones en las cotizaciones sociales y con una aportación obligatoria de recursos propios de las compañías.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que será el Estado el que asumirá “el grueso” del coste de la nueva formación obligatoria para los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con fondos públicos; sin embargo, eso no evita que una parte importante de la factura vaya a recaer sobre el tejido empresarial y, en particular, sobre las grandes empresas, tal y como se extrae de la letra pequeña del borrador de la propuesta del Gobierno para la prórroga de los ERTE, al que ha tenido acceso en exclusiva La Información.

En concreto, el borrador establece que las acciones formativas se desarrollarán a través de la denominada ‘formación programada por las empresas’, contemplada en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Pues bien, esta norma establece que para la financiación de los costes derivados de esta formación, las empresas disponen de un crédito anual, cuyo importe depende de las cuantías ingresadas por cada compañía el año anterior en concepto de cuota de formación profesional, en función de unos porcentajes que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, según el tamaño de la sociedad.

Pero es que, además, la Ley fija que las empresas están obligadas a participar con recursos propios en la financiación de la formación de sus trabajadores, según unos porcentajes mínimos sobre el coste total de la formación, que van desde el 5% en las compañías de entre 6 y 9 trabajadores (las más pequeñas están exentas) hasta el 40% en las empresas de más de 250 trabajadores. Para las firmas de entre 10 y 49 empleados el porcentaje es del 10% y en el caso de las compañías con plantillas de 50 a 249 trabajadores se sitúa en el 20%. De este modo, son las entidades más grandes las obligadas a asumir una mayor proporción del copago de la formación.

Hay que aclarar, en cualquier caso, que los créditos anuales de formación se hacen efectivos mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales, de modo que la aportación privada acaba siendo la diferencia entre el coste total de la formación y la bonificación aplicada a la empresa, incluyéndose en la cofinanciación privada los costes salariales de los trabajadores que reciben formación dentro de su jornada laboral. De ahí que desde el departamento de Escrivá garanticen que el “pequeño copago” al que tendrán que hacer frente las empresas privadas se compensará con las exoneraciones que les ofrezca la Seguridad Social. Además, fuentes del diálogo social revelan que el ministro se ha abierto en las últimas horas a fijar una vinculación solo parcial de las exoneraciones a obligaciones de formación.

De acuerdo con los Presupuestos de 2021, las empresas de hasta 5 trabajadores disponen de un crédito de 420 euros anuales; las que presentan plantillas de entre 6 y 9 empleados tienen bonificado el 100% de la cuota de formación; las que cuentan con entre 10 y 49 trabajadores disponen de una bonificación del 75%; que baja al 60% para las que tienen entre 50 y 249 empleados y al 50% para las más grandes, por encima de los 250 en plantilla. A través de la cofinanciación privada, el cálculo queda como sigue: al coste total de la formación se le añaden los costes salariales y se le resta la bonificación aplicada en cada caso por la Seguridad Social.

Hasta ahí la teoría, pues la negociación para la prórroga de los ERTE aún está en curso y no se descarta que el Ministerio pueda tocar estos porcentajes que establece la ley que regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Lo que se extrae del último borrador, no obstante, es que el coste más importante recaerá en las empresas de mayor tamaño, toda vez que la formación para empleados en ERTE solo se plantea obligatoria para las compañías que tuvieran más de 10 trabajadores en alta a fecha 29 de febrero de 2020, de modo que las microempresas quedarían exentas de la asunción de cualquier coste derivado de esta medida, ya que no tendrían que ejecutar las prácticas formativas entre la plantilla en ERTE.

El borrador fija, además, que las acciones formativas deberán beneficiar a todos los trabajadores que hayan estado afectados por un ERTE desde el pasado mes de enero y que a la fecha de entrada en vigor de la prórroga sigan de alta en la empresa, aunque ya estén trabajando, así como a aquellas que entren en los nuevos ERTE. También establece que se priorizará el desarrollo de cursos de formación vinculados a la adquisición de competencias digitales y de otras que permitan la recualificación del trabajador, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa.

Las fechas, en el aire

Por último, la propuesta gubernamental determina que las acciones formativas deberán llevarse a cabo entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2022, si bien estas fecha podrían verse alteradas, ya que la mesa de diálogo social está valorando la posibilidad de extender los ERTE en las condiciones actuales durante el mes de octubre y aplicar el nuevo esquema que se pacte en la negociación a partir de noviembre y hasta el 31 de enero. De este modo, las empresas tendrán tiempo de renovar la solicitud del expediente, algo que tendrán que hacer entre los días 1 y 10 de octubre.

En cualquier caso, se sigue negociando. La intención del Gobierno es empezar a aplicar cuanto antes este nuevo esquema de ERTE focalizado en la formación de los trabajadores para que sirva de proyecto piloto del nuevo mecanismo de flexibilidad interna en las empresas que se quiere implantar a partir del año que viene. Sin embargo, los sindicatos creen que la articulación de este sistema debe abordarse en la mesa que debate sobre la modernización del mercado laboral, en el articulado de ese nuevo mecanismo que nacerá para acompañar a los ERTE, vinculando las reducciones de jornada a planes de formación.